La negociación entre Montero y Díaz sobre la tributación del SMI encalla en el último momento por la duración de la compensación
El Gobierno espera cerrar hoy el mecanismo para limitar el impacto fiscal a los perceptores del salario mínimo
La batalla a cuenta de la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI) sigue abierta. La negociación entre los ministerios de Hacienda y el de Trabajo para definir una fórmula que reduzca el golpe fiscal a los beneficiarios de la subida del SMI evidenció ayer las diferencias que separan a las dos almas del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar. Cuando parecía que todo estaba a punto para anunciar el acuerdo, las negociaciones en...
La batalla a cuenta de la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI) sigue abierta. La negociación entre los ministerios de Hacienda y el de Trabajo para definir una fórmula que reduzca el golpe fiscal a los beneficiarios de la subida del SMI evidenció ayer las diferencias que separan a las dos almas del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar. Cuando parecía que todo estaba a punto para anunciar el acuerdo, las negociaciones encallaron por una desavenencia de última hora: la duración del mecanismo de compensación divide a las dos vicepresidentas del Gobierno que anoche seguían negociando mientras se emplazaron a cerrar este jueves el asunto que lleva coleando desde finales del pasado enero.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha abierto a “compensar” a los trabajadores afectados por la última subida del SMI. El Gobierno decidió subir el límite salarial más bajo fijado por ley en 50 euros este año, desde los 1.134 euros brutos al mes en 14 pagas a 1.184, lo que supone un incremento del 4,4%. En cómputo anual, el SMI crece hasta 16.576 euros brutos (700 euros más). La ministra de Hacienda prepara un ajuste quirúrgico en el impuesto sobre la renta, con un impacto económico limitado, que afecte solo al 20% de los trabajadores a los que se les han empezado a aplicar retenciones por primera vez en el IRPF por la subida del salario mínimo.
Con esta solución, el impacto sobre las arcas públicas sería contenido, mucho menor que subir la reducción por rendimientos del trabajo, una de las deducciones básicas del impuesto sobre la renta para los salarios más bajos, y que fue la fórmula empleada otros años. Pero las paulatinas subidas del SMI desde 2018 han hecho que cada vez más trabajadores estén afectados por la regulación del sueldo mínimo. Y Hacienda calcula que hacerlo este año costaría entre 1.700 y unos 2.000 millones. Además, y aquí está el motivo de la disputa, Hacienda quiere que la compensación solo sea efectiva este año. Considera que no tiene sentido estar ajustando de manera automática el IRPF cada vez que se sube el salario mínimo. Montero defiende que los perceptores del SMI tienen que empezar a tributar. Considera que el compromiso del Gobierno consistía en equiparar el SMI al 60% del salario medio de España, como recomienda el comité europeo de derechos sociales, pero eso no incluye que los contribuyentes que ganen menos de ese límite salarial no tributen. Por eso, desde el principio de la negociación que se abrió este año para calcular el importe de la subida, advirtió de que había llegado el momento de que estos trabajadores empezaran a declarar.
El equipo de Yolanda Díaz, en cambio, busca una fórmula automática que permita ir actualizando la compensación en el IRPF cada vez que se revalorice el SMI. La negativa de Hacienda a esa vía provocó ayer una jornada confusa en el Congreso. El equipo de Díaz deslizó que esperaba ofrecera los detalles del acuerdo por la tarde, pero horas después quedó descartado por falta de consenso entre los dos ministerios. “Estamos trabajando y esperamos que lo que hemos defendido siempre, que es que los trabajadores y las trabajadoras que solo perciban las rentas del salario mínimo no tributen en nuestro país, pero seguimos cerrando las rentas”, dijo Díaz en los pasillos del Congreso.
Las negociaciones se habían encauzado ya el martes, después de que el lunes por la tarde, casi sobre la bocina, Trabajo trasladara una propuesta al departamento de Montero. Pero un día después, cuando el acuerdo se daba casi por cerrado, las conversaciones volvieron a encallar. En plena comparecencia de Pedro Sánchez en el hemiciclo, las vicepresidentas entraban y salían de la zona reservada a los miembros del Gobierno en el Congreso de los Diputados y las reuniones de los equipos se mantuvieron durante toda la jornada. Después del mediodía, Sumar trasladaba que no podía aceptar la última redacción que proponía Hacienda sobre el mecanismo para aliviar el impacto tributario a los perceptores del SMI. Desde el principio, el grupo de Yolanda Díaz ha defendido que el salario mínimo quede libre de pagar el IRPF, mientras el PSOE considera que este ha alcanzado ya una cantidad suficiente como para empezar a tributar. Los postulados siguen inamovibles, pero se busca una fórmula para dar salida a una de las peores crisis de la coalición esta legislatura.
La parte socialista del Gobierno tiene hasta el viernes, cuando acaba el plazo para vetar en la Cámara baja la proposición de ley de Sumar que adecua el tributo a la subida del SMI, para evitar el choque. Los de Díaz podrían unir sus votos en este caso al PP y levantar en la Mesa la prohibición impuesta por el Ejecutivo. Casi todos los grupos rechazan la iniciativa de Hacienda y la medida de Sumar podría salir adelante y dejar sin efecto la tributación ordenada por Montero.
Díaz garantizó que, cuando se cierre el acuerdo sobre el IRPF, se comunicarán los detalles. La líder de Sumar también ha reiterado que el Gobierno debe presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2025, aunque no tenga garantizados los acuerdos, una opinión que no comparte el ala socialista del Ejecutivo, que lo considera una pérdida de tiempo. “Hemos sido claras [ha enfatizado]. Nosotras creemos que el Gobierno tiene la obligación de presentar las cuentas públicas, presentar un proyecto de país e intentar sacarlos adelante, y si después las formaciones políticas no quieren que se aprueben las cuentas públicas, tendrán que rendir explicaciones, pero el Gobierno tiene que hacer su tarea”.